En cuanto al subsector de los
hidrocarburos, en las Bases del Plan se plantean unas metas en materia de
exploración que no concuerdan para nada con las metas de producción tanto de
petróleo como de gas natural. En el primer caso el Plan es muy ambicioso y en
el segundo es cicatero. El Plan es consciente de la precariedad de las reservas
de hidrocarburos con las que cuenta el país y hace una gran apuesta por ampliar
la frontera enfocándose simultáneamente en el recobro mejorado, el off shore y
los yacimientos no convencionales para incrementarlas.
Es evidente que la economía
del país sigue dependiendo de los hidrocarburos, expuestos como están a su
inminente agotamiento, a la volatilidad de los precios internacionales y a la
tendencia a la contracción de los mercados por cuenta de las acciones que se
derivan del Acuerdo de París (COP21) tendientes a migrar desde las energías de
origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER)
y limpias. Razón potísima para que el país se prepare para este nuevo escenario,
en el cual los hidrocarburos perderán protagonismo, diversificando la matriz
económica, diversificando y sofisticando las exportaciones y diversificando
también los mercados de destino de estas. En ello el Plan se queda corto.
En cuanto al subsector eléctrico
el Plan Nacional de Desarrollo hace una gran apuesta por la Transición
energética, para ir migrando progresivamente desde las energías de origen
fósil, que contaminan y afectan el medioambiente, hacia las fuentes no
convencionales de energías renovables (FNCER). En dicho Plan se le da un
espaldarazo a la implementación de la Ley 1715 de 2014, que incentiva y
estimula las FNCER, al tiempo que promueve el uso racional y eficiente de la
energía. En las Bases del Plan se plantea la “consolidación de la
integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a
la matriz energética”. Así mismo, afirma que se “facilitará la
incorporación de las FNCER al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.
MOVIMIENTOS
SOCIALES ENTORNO AL A PROTECCION Y PRESERVACION DEL AMBIENTE
Colombia es uno de los
países del mundo que posee mayor riqueza en biodiversidad por la abundancia de
bosques y la presencia de numerosos ríos en su territorio, además de otros
factores. A nivel mundial, el país ocupa el segundo lugar en mega
biodiversidad, es decir, que alberga tanto la más diversa como la mayor
cantidad de especies de fauna y flora del planeta en la extensión de su
territorio.
Sin embargo, en las últimas décadas, esta importante riqueza
natural ha disminuido notoriamente debido a múltiples causales que han incidido
negativamente en la conservación de sus bosques, selvas, flora, fauna, y
recursos hídricos e incluso amenazan con destrucción y daños irreparables a las
áreas naturales protegidas por el Estado.
El problema ambiental y sus causales
El grave riesgo ambiental que actualmente enfrenta nuestro país se
debe a una conjugación de variables, todas ellas antropogénicas o generadas por
la acción humana, que involucran causales de orden político, económico y
social.
En el ámbito político se destaca el conflicto armado interno, ya
que sus actores (guerrillas, paramilitares y Ejercito Nacional) contribuyen al
deterioro del medio ambiente con acciones propias de las estrategias de cada
parte, como los bombardeos en zonas selváticas, los atentados contra los oleoductos,
la explotación y tráfico ilegal de diversos recursos naturales, la construcción
de vías sin control ambiental, la tala de árboles para cultivos ilícitos y las
fumigaciones con glifosato.
El aspecto socioeconómico tiene que ver con las exigencias del
modelo de desarrollo capitalista, que no repara en la destrucción de los
recursos naturales ni en su sobre explotación, y también con las condiciones de
pobreza de una inmensa mayoría de la población que se ve abocada a la necesidad
de eliminar ecosistemas enteros para sobrevivir. La tala de bosques, con fines
domésticos (combustible casero), comerciales (venta de la madera), agrícolas,
ganaderos o colonizadores, no solo deteriora los suelos sino que produce
alteraciones bióticas y perdida de la diversidad hasta el punto de un deterioro
ambiental irremediable. Por esta razón, es tarea prioritaria del Estado proveer
condiciones de vida y trabajo que permitan satisfacer las necesidades básicas
del pueblo colombiano como adaptar un modelo de desarrollo sostenible.
Mecanismos y recursos legales para la protección del medio
ambiente
La ecología y la conservación del medio ambiente son temas que
cada día interesan a más colombianos y colombianas gracias a las distintas
campañas de sensibilización y educación ambiental que se han venido
realizando en nuestro país. Por esta razón, la ciudadanía ha adquirido una
mayor conciencia del hecho de que la naturaleza es la más grande maravilla a la
que tiene acceso y que el equilibrio ecológico es imprescindible para la preservación
de la biodiversidad o totalidad de la diversidad de vida.
Desde 1972 en todo el planeta se celebra el Día del Mundial del
Medio Ambiente, WED, por sus siglas en inglés. Declarado por Naciones Unidas,
el 5 de junio, se ha posicionado en uno de los principales eslogan de
movilización para divulgar el mensaje de solidaridad con la madre Tierra.
El cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos
organizados y conscientes de temas como el calentamiento global, la disposición
de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como los
principios y valores que sustentan a esta sociedad.
Para la protección del ambiente, Colombia cuenta con una
legislación que se ha desarrollado y complementado ampliamente en las últimas
tres décadas. Las primeras leyes de defensa ambiental fueron promulgadas por el
Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena), mediante el Código de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto
Ley 2811 de 1974). Luego en 1991, como resultado de la nueva constitución
política, se reestructuro la protección medioambiental elevándola a la
categoría de “derecho colectivo” y fijando para su custodia mecanismos de
conservación que involucran tanto a l Estado como a la ciudadanía en
general, especialmente a las comunidades con tradición en el cuidado de la
naturaleza, como las indígenas y afrodescendientes.
En desarrollo de los nuevos principios constitucionales y de
acuerdo con la declaración emanada de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro 1992), se expidió la ley 99
de 1993 que organizo el Sistema Nacional Ambiental (SINA) o conjunto de
orientaciones, actividades, normas, programas e instituciones con la intención
de unificar criterios en el manejo ambiental, y para supervisar y
coordinar el cuidado del medio ambiente se creó el Ministerio del Medio
Ambiente. Con esta ley quiso dársele a la gestión ambiental en Colombia
una dimensión sistémica, descentralizada, participativa, multiétnica y
pluricultural.
El SINA, como sistema de información, le ha reportado inmensos
beneficios al país en materia de cuidado ambiental, puesto que ha facilitado el
desarrollo coherente y coordinado de políticas ambientales, en beneficio de
toda la sociedad. No obstante, para lograr estas loables metas estatales, es
necesario cimentar entre la ciudadanía y demás instituciones del Estado una
cultura que estime la importancia de la investigación ambiental científica,
valore la correcta administración de los recursos naturales de la nación e
involucre decididamente a todos en la protección de las reservas naturales.
LISTADO DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA
GENERACIÓN
Los derechos humanos de tercera generación son
una actualización de la Carta de 1948. Están motivados por una serie de
preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y principios del XXI,
principalmente el deterioro del medioambiente y sus efectos negativos en la
calidad de vida de las personas.
Estos derechos han sido incorporados progresivamente en una lista
tras numerosas cumbres y encuentros mundiales, como por ejemplo el que tuvo
lugar en Barcelona en 1992. A grandes rasgos, se resumen en:
·
Derecho al desarrollo sostenido: modelos y
estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el
acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta.
·
Derecho a la autodeterminación de los
pueblos: el que tienen los países de determinar libremente su condición política
y su modelo social y económico.
·
Derecho a la paz: entendido
no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de
procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la
cooperación y la superación de conflictos.
·
Derecho a la protección de los datos
personales: llama la atención sobre los eventuales peligros y abusos a los que
se exponen las personas ante el cada vez más extendido proceso de
informatización.
·
Derecho al patrimonio común de la
humanidad: alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial que
constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución
humana.
·
Derecho a gozar de un medioambiente sano: Todas las
personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles.
La lista de los derechos humanos de tercera
generación no es absoluta, sino todo lo contrario: está en permanente
transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las
preocupaciones mundiales de nuestro tiempo.
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